El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) pondrá fin a su política de informar sobre las muertes de detenidos recién liberados, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en un cambio de política que se produce en medio de un creciente escrutinio sobre las muertes de inmigrantes bajo custodia federal.
La política anterior, adoptada durante la administración Biden, exigía a la agencia revisar e informar sobre todos los fallecimientos de detenidos bajo custodia federal, incluidos aquellos ocurridos hasta 30 días después de su liberación.
The informó primero sobre el cambio de política y citó un memorando del director interino David Venturella enviado el jueves a empleados de la agencia, en el que se señala que ICE elimina el requisito de informar sobre muertes ocurridas dentro de los 30 días posteriores a la liberación de personas bajo su custodia.
“Bajo la nueva política, cuando una persona ya no esté bajo custodia de ICE, la agencia dejará de ser responsable de monitorear o revisar las muertes que puedan ocurrir”, señaló el DHS el jueves en una , calificando la medida como una cuestión de “sentido común”.
“El ICE no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia”, añadió el comunicado del DHS.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que el cambio reduciría considerablemente la rendición de cuentas en centros que ya han sido objeto de fuertes críticas por el trato dado a los detenidos, y en un momento en que las muertes de detenidos ya van en aumento.
“Es increíblemente decepcionante y nos oponemos firmemente a este cambio”, dijo Khaled Alrabe, abogado del National Immigration Project, quien representa a la familia de un hombre que, según afirman, murió después de contraer covid-19 bajo custodia de ICE, de acuerdo con una demanda presentada en su nombre.
“Esto crea una situación en la que ICE básicamente puede liberar a personas cuando están al borde de la muerte y luego no tener que preocuparse por realizar ninguna investigación”, dijo Alrabe. “Incluso cuando la situación… fue resultado de las condiciones de detención”.
CNN ha contactado a ICE y al DHS para obtener más información.
Casi 50 detenidos por el ICE han fallecido desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo el año pasado e inició su amplia ofensiva contra la inmigración; al menos 18 de estas muertes han ocurrido en lo que va de año.
En 2025 murieron más personas bajo custodia que en cualquier otro año de las últimas dos décadas, y las cifras de 2026 apuntan a ser aún más elevadas, según un estudio publicado el mes pasado en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA). Una investigación de CNN reveló que muchas de estas muertes parecían ser evitables.
El DHS y sus contratistas han mantenido poca transparencia respecto a la atención médica en los centros de detención, negándose a menudo a divulgar información —como el número de personal médico disponible— a investigadores estatales, legisladores o la prensa. El DHS y las dos empresas contratistas más grandes, GEO Group y CoreCivic, rechazaron las solicitudes de CNN para obtener dichas cifras en reportajes anteriores.
En su comunicado del jueves, el DHS afirmó que ICE “mantiene su compromiso con la transparencia respecto a las muertes de detenidos” y que existen procedimientos para garantizar que se informe oportunamente sobre los fallecimientos bajo custodia.
Las muertes de detenidos de ICE han sido alarmantes durante años y no son “un tema nuevo”, dijo Alrabe a CNN.
En 2021, Martin Vargas Arellano, de 55 años, fue liberado de la custodia de ICE mientras estaba hospitalizado y con muerte cerebral después de contraer covid-19 en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, una enorme instalación operada por una empresa privada a unos 145 kilómetros al noreste de Los Ángeles, dijo Alrabe, abogado de la familia.
Tres días después, Vargas Arellano murió.
Una sostiene que el contratista de la instalación, GEO Group, “no implementó ni hizo cumplir” protocolos contra el covid-19 que podrían haber evitado la muerte de Vargas Arellano.
En documentos judiciales, GEO Group ha negado cualquier acusación de negligencia médica, incluida la afirmación de “que los brotes fueron causados por alguna falla de GEO”. CNN se comunicó con GEO Group para pedir comentarios.
“El caso del señor Vargas Arellano es emblemático de lo que ocurre cuando no existe una política para informar sobre muertes que ocurren inmediatamente después de la liberación”, dijo Alrabe.
Más tarde, en 2021, se que exigía la divulgación pública, la investigación y la notificación al Congreso de cualquier muerte ocurrida dentro de los 30 días posteriores a la liberación de una persona de la custodia de ICE.
La política fue diseñada para garantizar la rendición de cuentas, al impedir que la agencia liberara a detenidos gravemente enfermos para evitar que una muerte quedara registrada como ocurrida “bajo custodia”, dijo a Deborah Fleischaker, quien entonces era secretaria general interina de la Casa Blanca.
La nueva política elimina esa rendición de cuentas y podría permitir que ICE libere a detenidos cuya muerte es inminente sin que haya investigación, dijo Alrabe.
Según Alrabe, el cambio reducirá la supervisión necesaria sobre los centros de detención, lo que complicará los esfuerzos del Congreso, organismos de control, expertos médicos y abogados por determinar qué salió mal y cómo corregirlo.
Defensores de los inmigrantes han criticado durante mucho tiempo a la agencia por su falta de transparencia respecto de la liberación de detenidos hospitalizados en estado crítico.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra ICE en julio de 2022 para obtener documentos sobre la práctica de ICE de liberar a detenidos en su “lecho de muerte”, citando las muertes de Vargas Arellano y de otras personas.
Según la demanda, al liberar a los detenidos de la custodia justo antes de que mueran, ICE evita informar públicamente sobre esas muertes, realizar investigaciones internas y pagar la atención médica.
Incluso mientras la política estaba vigente, los informes de muertes proporcionados por ICE carecían de detalles sobre la causa del fallecimiento y, en cambio, se centraban en aspectos como el historial criminal del detenido, dijo a CNN Haddy Gassama, asesora principal de políticas de la ACLU.
Gassama dijo que el Gobierno de Trump ya ha bloqueado repetidamente la supervisión del Congreso y ha dificultado la obtención de registros sobre ICE y sus proveedores de atención médica.
“El estándar con el que ICE hacía estos informes ya era tan deficiente y tan mínimo”, dijo. “Esto se siente como otro paso hacia un sistema de detención cada vez más opaco y letal”.
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